Transparencia - Observatorio de la movilidad en Cataluña (OMC)
Transparencia
La Administración debe rendir cuentas a la ciudadanía de su actividad y de la gestión de los recursos públicos que se le han puesto a su disposición de acuerdo con la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y el Decreto 8/2021, de 9 de febrero, sobre la transparencia y el derecho de acceso a la información pública. Por ello:
La Administración debe ser transparente. Debe ser proactiva y dar a conocer la información relativa a sus ámbitos de actuación y sus obligaciones, de manera permanente y actualizada, de la forma más comprensible para las personas y mediante los instrumentos de difusión que permitan un acceso amplio y fácil a los datos y faciliten la participación en los asuntos públicos.
La Administración debe regirse por el principio de buen gobierno. Debe ajustarse a las reglas y a las obligaciones sobre la calidad de los servicios y el funcionamiento de la Administración, y a los principios éticos y las buenas prácticas de acuerdo con los cuales deben actuar los altos cargos de la Administración, con el objetivo de que esta funcione con la máxima transparencia, calidad y equidad, y con garantía de rendición de cuentas.
La Administración debe ser accesible de acuerdo con la Ley 13/2014, de 30 de octubre, de accesibilidad y el Decreto 209/2023, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Código de accesibilidad de Cataluña. Toda la información debe ser comprensible, de fácil acceso y gratuita, y debe estar al alcance de las personas con discapacidad en un formato proporcionado por medios o formatos adecuados que resulten accesibles y comprensibles.
La ATM tiene como finalidad articular la cooperación entre las administraciones públicas titulares de los servicios y de las infraestructuras del transporte público colectivo del área de Barcelona que forman parte, así como la colaboración con las administraciones que, como ahora la Administración del Estado, están comprometidas en ella desde un punto de vista financiero o que son titulares de servicios propios o no traspasados.