Transparencia - Observatorio de la movilidad en Cataluña (OMC)

TRANSPARENCIA

La Administración tiene que dar cuenta a la ciudadanía de su actividad y de la gestión de los recursos públicos que se han puesto a su alcance. Por eso:

  • La Administración tiene que ser transparente. Tiene que ser proactiva y tiene que dar a conocer la información relativa a sus ámbitos de actuación y sus obligaciones, con carácter permanente y actualizado, de la manera que resulte más comprensible para las personas y por medio de los instrumentos de difusión que les permitan un acceso amplio y fácil a los datos y los faciliten la participación en los asuntos públicos.

  • La Administración se tiene que regir por el principio de buen gobierno. Se tiene que ajustar a las reglas y a las obligaciones sobre la calidad de los servicios y el funcionamiento de la Administración, y a los principios éticos y a buenas prácticas de acuerdo con los cuales tienen que actuar los altos cargos de l ’Administración, con el objetivo que esta funcione con la máxima transparencia, calidad y equidad, y con garantía de retiment de cuentas.

  • La Administración tiene que ser accesible. Toda la información tiene que ser comprensible, de fácil acceso y gratuita, y tiene que estar al alcance de las personas con discapacidad en un formato suministrado por medios o formatos oportunos que resulten accesibles y comprensibles.

Las administraciones consorciadas son la Generalidad de Cataluña (51 %) y administraciones locales (49 %), que son el Ayuntamiento de Barcelona, ​​el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y la Asociación de Municipios por la Movilidad y el Transporte Urbano (AMTU). Cabe destacar la presencia de representantes de la Administración general del Estado (AGE) en los órganos de gobierno de la ATM, en calidad de observadores.

La ATM tiene como finalidad articular la cooperación entre las administraciones públicas titulares de los servicios y de las infraestructuras del transporte público colectivo del área de Barcelona que forman parte, así como la colaboración con las administraciones que, como ahora la Administración del Estado, están comprometidas en ella desde un punto de vista financiero o que son titulares de servicios propios o no traspasados.